La apuesta por la participación ciudadana.

por Beatriz Arranz.


El pasado 12 de junio se publicaba en este mismo medio un artículo titulado “El doble filo de la participación ciudadana, una puerta abierta al autoritarismo” para el que recomiendo una lectura completa porque establece las bases de la reflexión que precede a estas palabras. Aunque, por otro lado, creo que el título promete con bastante precisión el contenido que posteriormente ofrece.

No tengo especial interés en defender la democracia directa per se, no porque no existan casos de buenas prácticas, sino porque creo que posicionarse en contra o a favor de la democracia directa es algo limitado hoy en día. La democracia directa es una herramienta, no un fin en sí mismo. Por lo tanto, y perdonad el burdo ejemplo que voy a utilizar, es como posicionarse a favor o en contra de la llave inglesa, aludiendo a la posibilidad de utilizarla como arma homicida o como objeto contundente para romper un cristal y salvar a un niño de un incendio.

Creo que el interés de esta cuestión radica en para qué se puede utilizar la democracia directa. Más concretamente, qué uso es el que se defiende hoy en día de la democracia directa y desde qué posición ideológica se sostiene (y, por consiguiente, desde qué posiciones se critica).

Como ya expliqué en mi anterior artículo, la participación ciudadana está completamente expropiada. Prueba de ello es la realidad a la que nos enfrentamos: una total indiferencia de la mayor parte de la población con respecto a este tipo de procesos. Se puede argumentar que la ausencia de demanda implica la inexistencia de la necesidad y que, por lo tanto, la sociedad demanda lo que necesita e ignora lo que no necesita. Ahora bien, la realidad es que la sociedad de consumo en la que vivimos se sustenta sobre una constante invención y reinvención de necesidades con el fin de generar demanda en torno a sus productos. Por lo tanto, si las necesidades se pueden crear, o como poco distorsionar, entendemos que también se pueden expropiar y posteriormente reconstruir.

¿Y para qué íbamos a querer fomentar la participación ciudadana? ¿Para qué movilizar a la gente a tomar decisiones que pueden ser tomadas por sus representantes políticos? Para habilitar espacios reflexivos en torno a cuestiones que nos afectan como individuos, como vecinos y como ciudadanos. En el artículo antes mencionado, hacía alusión a cómo la toma de decisiones directas nos responsabiliza de manera más tangible con las cuestiones que votamos. Pero no exclusivamente. Poco a poco, habilitan un espacio crítico. Un espacio que requiere tiempo, que lleva a discutir y consensuar con otras personas y a aprender a tomar decisiones, no como consumidor, sino como ciudadano. Este es un proceso lento y complejo. Son dos conceptos con una fuerte connotación negativa hoy en día. No nos gusta esperar, no queremos pensar. Rápido y fácil son dos grandes necesidades potenciadas en nuestra sociedad que, casualmente, nos convierten en consumidores mucho más eficientes.

Llegados a este punto, merece la pena recuperar el origen de esta crítica. Recordar que todo empezó con un artículo que alegaba en contra la democracia directa apelando a: los peligros de dar voz a determinados sectores de la población, la incapacidad del electorado de tomar decisiones técnicas, la complejidad del proceso, la aparente (o quizá real) falta de fundamento de la estrategia por parte de los partidos políticos, y a la sostenibilidad del sistema actual, o dicho de otro modo: “para que cambiar lo que sabemos que funciona”.

De nuevo, la pregunta no es cómo de ágil o eficiente es el proceso. Estas son cuestiones muy pertinentes que avivarán el debate y lo enriquecerán de manera inagotable, pero que no posicionan a favor o en contra. Lo que posiciona es la apuesta política.

El futuro nos depara grandes retos. Según datos del Ministerio de Sanidad en su Estrategia para el abordaje de la cronicidad, la población mayor de 64 años constituirá más del 30% de la población en 2049 y el ratio de dependencia puede que supere el 50% para entonces. Esto implicará que, en el mejor de los casos, casi 18 millones de ocupados estaremos financiando las pensiones de casi 15 millones, según FEDEA. Y todo esto sin perder de vista que, si bien la esperanza de vida no para de subir, y se estima que en 20 años tendremos la más alta del mundo, el índice de calidad de vida se encuentra en los 64 años y bajando. Un dato que se complementa con un aumento cada vez más preocupante del sentimiento de soledad no deseada.

Con cifras tan elevadas de personas mayores, dependientes, con enfermedades crónicas y que se espera lleguen a ser muy longevas este posicionamiento político es clave. Podemos creer que no tenemos remedio. Que estamos destinados, como en la siempre exquisita Wall-E, a vivir una vida sedentaria, con una pantalla frente a la cara sin ser capaces de ver y reconocer a las personas que viajan a nuestro lado en el metro o pasan junto a nosotros por la calle. Que la solución es apostar por el plan de pensiones privado y rezar porque nuestros ahorros nos permitan contratar un cuidado remunerado. Normalmente quien hace estos cálculos no es muy consciente de los costes sanitarios de la dependencia hoy, y mucho menos de los costes que supondrá en 30 años.

Otra opción es buscar soluciones colectivas a problemas colectivos. Con dificultad y mucha paciencia ser capaces de convertirnos en votantes más críticos y responsables. Aprender a votar de manera responsable y no utilizando el voto como un castigo o un arma arrojadiza. Y de esta manera, ante los grandes retos de sostenibilidad ante los que nos enfrentamos, pensar soluciones para la ciudadanía y no solo para el individuo (lo cual en muchos casos, supone ciertas desventajas para el mismo).

Este objetivo se puede perseguir y potencial de muchas maneras, y hay quienes apostamos por el fomento de la participación ciudadana como una herramienta para conseguirlo. A quienes critican el método les queda preguntarse si les incomoda la herramienta o la apuesta política. Y a partir de ahí, comenzará un debate digno de llevarse a cabo.

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