El doble filo de la participación ciudadana, una puerta abierta al autoritarismo

 por Jaime Caballero.


 

 

“Así muere la libertad, con un estruendoso aplauso” Padme Amidala, Star Wars

 

La democracia directa es una idea de moda, e incluso tras sonados “fracasos” como el Brexit, sigue teniendo mucho caché electoral.  Su versión light, la llamada participación ciudadana lleva ya tiempo sobre la mesa, pero antes de abrazar modas ideológicas preguntémonos: ¿tiene la participación ciudadana la vocación real de aportar luz y calidad a nuestra democracia?

En abril de 2018, el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung publicaba un extenso artículo sobre el peligroso revisionismo histórico que está cuajando en Alemania respecto a su responsabilidad en la Segunda Guerra Mundial. Concretamente el artículo se refería a una polémica urbanística en Fráncfort: la construcción del “nuevo” casco histórico.

El 4 de octubre de 1943 la ciudad fue arrasada por 402 bombarderos Aliados que lanzaron cerca de 250.000 bombas explosivas e incendiarias sobre los habitantes de la vieja ciudad de Goethe. Terminada la guerra se levantó rápidamente sobre sus ruinas una urbe moderna que dió cobijo a los supervivientes que lo habían perdido todo.

Hoy en día, buena parte de estos edificios de posguerra resultan feos y viejos para las sensibilidades de un país que se autodefine hogar de artistas y poetas; por eso cuando el ayuntamiento planteó derruir un céntrico edificio brutalista de los 60, se impulsó una consulta popular en la que se decidió “reconstruir” parte de la antigua ciudad medieval, arrasada hacía más de 70 años (con 10.000 firmas se puede convocar una consulta popular en Fráncfort). Actualmente este nuevo centro histórico está recién terminado y sus nuevos edificios “históricos” resplandecen cual Disneylandia ante los selfies de los turistas.

Pues bien, el Frankfurter Allgemeine explicaba como la asociación que llevó a cabo la recogida de firmas y la propuesta de reconstrucción está vinculada al neonazi NPD (Partido Nacional Democrático). Continuaba explicando cómo este partido lleva años cosechando bastante éxito defendiendo la recuperación estética de las ciudades medievales y proponiendo planes urbanísticos revisionistas en toda Alemania. El último fue en Potsdam, pero también aparecieron en Dresde o Berlín, donde apoyaron activamente el proyecto de reconstrucción del antiguo palacio del Kaiser, previo derribo del Palacio de la República, el “parlamento” comunista de la RDA. La intención que motiva estas propuestas es evitar que la gente se haga preguntas incómodas y recuperar la idea de la identidad tradicional alemana tapando aquellas heridas abiertas en sus ciudades.

Conviene preguntarse por qué las consultas y referéndums sobre cuestiones de estética o identidad suelen ser uno de los instrumentos favoritos de quienes (por mucho que intenten apropiarse del término) detestan a las sociedades abiertas y democráticas, sean éstos de derechas o de izquierdas. De hecho, en este campo, una parte de la izquierda persevera tozudamente en bailarle el agua a la extrema derecha.

Dentro del debate sobre la ciudad, la voz cantante en cuanto a la participación ciudadana está casi siempre en boca de políticos y urbanistas de izquierdas, que teorizan sobre sus bondades y sobre la imperante necesidad de incorporar mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones políticas de forma directa.

Es cierto que la resolución de los nuevos problemas que emergen en las ciudades globales nos obliga a repensar la forma de abordarlos. Es igualmente cierto que las nuevas tecnologías ahondan en la herida, ofreciendo alternativas “horizontales” a los modelos de gestión tradicionales, y que las ideas teorizadas durante años por los Gurús del urbanismo marxista como David Harvey, sobre como tomar de decisiones de una forma más colectiva, se presentan hoy más posibles que nunca. Por ello uno de los grandes retos de la política urbana es definir el nivel de empoderamiento, así como los canales y los procedimientos que han de seguirse para lograr una participación transparente y justa que beneficie al conjunto de la ciudad.

En España los Ayuntamientos del Cambio han hecho bandera de estas aspiraciones promoviendo y publicitado diversos proyectos y experiencias. Fernando Pindado, el Comisionado de Participación de Barcelona, nombrado por Ada Colau, explicaba la importancia de abrir canales de democracia directa por la supuesta “falta de legitimidad ante la ciudadanía en que han caído las instituciones actuales, debido a los resultados de la gestión de los políticos”.

Pero vistos los potenciales peligros que entraña de la democracia directa en ciudades y países en los últimos años, ¿no deberíamos ser también escépticos sobre el alcance que la demagogia, la manipulación o la desinformación puedan tener sobre los resultados electorales y la eficacia de un aparente “empoderamiento ciudadano”? ¿No deberíamos cuidarnos de que estas políticas se conviertan en un caballo de Troya para ideas marginales o de poca vocación democrática?

En una democracia justa, la participación debe estar reglada y la cadena de responsabilidades fijada, por eso, aquellos que promuevan la participación ciudadana han de dejar claro cómo deberían participar los vecinos sin que las decisiones aprobadas sean injustas para ciertas minorías o a todas luces perjudiciales para el conjunto de la ciudad, si no ¿donde queda eso de rendir cuentas? ¿elegimos gestores que lideren, o colocamos meros ejecutores libres de responsabilidad? La consulta sobre la madrileña Plaza de España demostró que todavía el miedo a los tribunales garantiza el sometimiento de las decisiones populares al visto bueno de los técnicos municipales, pero esto puede cambiar, especialmente ahora que el veredicto popular está en alza frente a la interpretación profesional de la ley.

Al final los propios ayuntamientos del cambio nos venden a bombo y platillo el habernos dejado decidir un par de operaciones cosmeticas. Toda una acción de márketing con buzoneo y anuncios en los autobuses públicos sobre las bondades de la participación directa, revestida con esa retórica marxista que hace las delicias de sus jóvenes cachorros universitarios, aunque dejan sin abordar una pregunta clave: ¿con qué criterios se marcan las líneas rojas de lo que se puede y lo que no se puede preguntar?

Habrá quien diga que la participación a la hora de asignar parte del presupuesto municipal y de tomar medidas puntuales de diseño urbano defiende la cohesión social, y que no se habla de tomar medidas drásticas sobre asuntos de mayor calado, como la política de vivienda social o de transporte público. Pero una vez abierto el melón surgen los innovadores y florece la ambición en nombre de “democracias” bastante alejadas del modelo representativo, y aunque las voluntades populares cambian, las decisiones refrendadas son muy difíciles de revertir. Esto último los Ayuntamientos del Cambio lo tienen muy claro, por eso solo han soltado “migajas” y hay asuntos sobre los que no están dispuestos a dejarnos decidir. No en vano no ha habido consultas sobre la operación Castellana Norte, sobre cómo actuar  debía actuar el Ayuntamiento de Barcelona frente a los pisos turísticos.

Por tanto, casi que lo mejor para todos (y desde luego para la izquierda y el progresismo si quiere encontrar su espacio entre las derivas liberalizadoras y nacionalistas de Europa) sea mantener el principio de subsidiariedad propio de las democracias representativas: nosotros elegimos a un responsable político, que toma una decisión política dejándose aconsejar, o no, por los técnicos, o por los ciudadanos que se animen a plantear propuestas, y el grado de éxito o fracaso de esa decisión determinará el que sigamos confiando en ese político.

Cierto que este sistema de democracia liberal puede ser gris, no ser impoluto y corromperse, y desde luego no garantiza el buen gobierno, pero por el momento nos ha garantizado a buena parte de los europeos los primeros 70 años en paz desde la caída del Imperio Romano, no está mal.

Ahora que la extrema derecha ya no es solo cosa del resto de Europa, deberíamos plantearnos si apelar a un empoderamiento asambleario no solo pone en cuestión el sistema que garantiza nuestros derechos y libertades, sino que abre una puerta fácil de aprovechar  por “agrupaciones de ciudadanos” tapadera de partidos fascistas que buscan convencernos para construir imitaciones de ciudades medievales con las que olvidar por qué en Europa decidimos abandonar las utopías puristas e impolutas.Y frente a la tormenta electoral que nos viene encima, intentemos mantener cierta cordura y no renunciemos a la  capacidad de exigir rendir cuentas a nuestros representantes.

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