¿El fin de la diversidad? Algo huele a podrido en Dinamarca…

Las políticas de asimilación de la población inmigrante en Dinamarca están adquiriendo una dimensión urbana, con la denominación oficial de guetos, que atenta contra el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Por Fernando Mendizabal.


El barrio de Tingbjerg, en Copenhague, podría ser uno más de los muchos “distritos dormitorio” de clase trabajadora que abundan en las afueras de las grandes ciudades europeas. Barrios proyectados y construidos por las administraciones públicas en las últimas cinco décadas, que cuentan con un gran parque de vivienda social y cuya intención era acabar con la proliferación de infraviviendas, fruto de la primera revolución industrial y del éxodo rural que experimentaban las ciudades a mediados del siglo pasado.

Pero Tingbjerg no es un barrio cualquiera, está, junto a otros 30 en todo el país, oficialmente catalogado como “Gueto”. El gobierno danés cataloga con este controvertido término a aquellas zonas urbanas de clase trabajadora, con un gran porcentaje de vivienda social y alta concentración de población inmigrante.

Como en casi todas nuestras grandes ciudades en estos suburbios hoy abunda la delincuencia, el fracaso escolar, la droga, el paro y la inmigración. Un cocktail bien conocido por el gran público desde los disturbios en las “banlieue” parisinas de 2005. Lugares de la periferia, que se demuestran como espacios socialmente desestructurados, con una arquitectura alienante y desconectados del resto de la ciudad.

Lugares que, como bien sabemos, condensan una parte de los ingredientes de la frustración social, cuyo fracaso está siendo utilizado políticamente por nuevos partidos de corte populista, convirtiéndose en chivos expiatorios, que incluso los han vinculado, de forma general con el terrorismo islámico.

 

En un país de apenas 5,7 millones de habitantes, hasta 2018, según el Ministerio de Transporte, Construcción y Vivienda danés,  los criterios para catalogar a un barrio como Gueto eran:

 

  • La proporción de habitantes de 18 a 64 años desempleados o sin estudios universitarios debía ser superior al 40%, como promedio en el lapso de 2 años.
  • Una proporción de inmigrantes y sus descendientes de países no occidentales superior al 50%.
  • Una proporción de habitantes mayores de dieciocho años con antecedentes penales, tenencia de armas o drogas, superior al 2,7%, como promedio a lo largo de 2 años.
  • La proporción de habitantes de 30 a 59 años con educación primaria o inferior solo es superior al 50%.
  • Unos ingresos brutos inferiores al 55% de la renta media regional entre los habitantes de entre 18 a 64 años de edad que no estén estudiando.

 

Pero desde que el Partido Popular Danés, de derecha radical, es socio del gobierno liberal, estos criterios se han modificado sustancialmente, haciéndolos lo suficientemente ambiguos como para que la lista se haya ampliado de 22 barrios a 30.

 

  • Hay muchos habitantes que solo tienen educación primaria ( Folkeskole )
  • Muchos habitantes carecen de empleo o educación. (Sólo cuentan las enseñanzas aprobadas en Dinamarca).
  • Muchos habitantes tienen bajos ingresos.
  • Hay tres veces más personas con condenas penales en comparación con el promedio del país.
  • Más de la mitad de los habitantes son de países no occidentales o son descendientes de migrantes de países no occidentales.
  • Además, si un distrito ha figurado en la lista durante cuatro años seguidos, el distrito se clasifica como gueto grave (hårde ghettoer). En mayo de 2018 había 16 guetos severos. Las personas que reciben asistencia social, como prestaciones sociales, ayuda educativa o ayuda para la integración, no pueden establecerse en guetos severos.

 

Pero, ¿Que supone para un residente el pertenecer a un gueto?

Pues básicamente supone que los derechos y obligaciones de sus habitantes como daneses o residentes en Dinamarca, son diferentes al del resto de ciudadanos del país. Estos derechos y obligaciones quedan supeditados a una localización geográfica concreta y a la condición identitaria de sus habitantes. Dicho con otras palabras: una forma moderna y (al menos de momento) soft de Apartheid, como solución “temporal” para acabar con la marginalidad y la delincuencia de estos distritos.

En mayo de 2018, el parlamento danés aprobó todo un plan de ingeniería social, para acabar con los guetos antes de 2030, que incluye una dotación de 12.000 millones de coronas para la demolición de barrios y edificios de viviendas así como cambios legislativos para facilitar los desalojos de criminales de sus viviendas en los guetos.

El plan prevé algunas medidas a priori interesantes desde la perspectiva urbana, como la construcción de nuevos barrios en los que el porcentaje de vivienda social no podrá superar el 40% en los distritos más conflictivos, con la intención de eliminar bolsas de pobreza y fomentar un tejido social más heterogéneo. Sin embargo, la forma de actuar de las autoridades en los últimos seis meses ha sido tajante: más de mil familias de Copenhague y Aarhus han sido desalojadas de viviendas de titularidad pública. En su lugar se construirán 2000 viviendas privadas y más de 600 locales comerciales.

Nuevo plan urbanístico de Gellerup

 

En estos distritos reformados, todas las reuniones vecinales deberán llevarse a cabo en danés, incluso si algunos miembros de la junta de la asociación no hablase el idioma.

Además, a partir de la edad de 1 año, los “niños del ghetto” deben separarse de sus familias durante al menos 25 horas a la semana, para recibir instrucción obligatoria en “valores daneses”, incluidas las tradiciones de Navidad, Semana Santa, y el idioma danés.  El incumplimiento podría dar lugar a una interrupción de los pagos de asistencia social.

En cambio, otros ciudadanos daneses tienen la libertad de elegir si quieren inscribir a niños en preescolar hasta la edad de seis años.

 

El gobierno de Dinamarca está introduciendo un nuevo conjunto de leyes para regular la vida en 25 enclaves de bajos ingresos y con un alto porcentaje de población musulmana, afirmando que si las familias no se unen voluntariamente a la corriente principal del país, deberían ser obligadas.

Una medida bajo consideración permitiría a los tribunales duplicar la pena por ciertos delitos si se cometen en uno de los 25 vecindarios clasificados como guetos, según el ingreso de los residentes, la situación laboral, los niveles de educación, el número de condenas penales y ” antecedentes no occidentales “. Otra impondría una condena de cuatro años de prisión a los padres inmigrantes que obligan a sus hijos a realizar visitas prolongadas (más de dos semanas seguidas) a su país de origen, que se describen aquí como ” viajes de reeducación “, lo que perjudica su” escolarización, lenguaje y bienestar “. Otra medida permitiría a las autoridades locales aumentar su monitoreo y vigilancia de las familias del” ghetto “.

Algunas propuestas han sido rechazadas por ser demasiado radicales, como una del Partido Popular Danés de extrema derecha que confinaría a los “niños del ghetto” a sus hogares después de las 8 de la tarde mediante un monitoreo con con brazaletes electrónicos en el tobillo.

Por si esto fuera poco, el gobierno también planea enviar a aquellos inmigrantes “indeseables” a los que no puede deportar, a una diminuta isla en el Báltico llamada Lindholm y apodada “el Virus” en la que a día de hoy solo se encuentran los establos, el crematorio y unos barracones de un laboratorio destinado al estudio de enfermedades infecciosas en animales.

 

El gobierno del liberal Rasmussen y sus dos aliados (conservadores y la extrema derecha del Partido Popular Danés), justifican la necesidad de estas medidas con la excusa de que al no haber surtido efecto las políticas de integración, actualmente nos encontramos en la fase de asimilación cultural. Durante décadas, la integración de inmigrantes ha planteado un complejo desafío al modelo danés, destinado a servir a una población pequeña y homogénea. Los políticos están centrando su ira en los barrios urbanos donde los inmigrantes, algunos de ellos colocados allí por el gobierno, que viven en densas concentraciones con altas tasas de desempleo y violencia de pandillas.

Desgraciadamente, no es solo que esta nueva legislación cuente con un importante apoyo popular, ya en 2016, en plena crisis de los refugiados, el gobierno cerró el espacio de Schengen y aprobó con un enorme apoyo parlamentario (que incluía al Partido Socialdemócrata) la confiscación de todos sus bienes, salvo objetos “de valor afectivo especial”, para cofinanciar su acogida. Tal y como ya se practica en Suiza, los estados alemanes de Baviera y Baden-Württemberg.

Dado que toda legislación implica una motivación política,  podemos comprobar una vez más, como las políticas concernientes a la disciplina urbana, también determinan los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. La importancia del urbanismo, a la hora de condicionar la vida de las personas va mucho más allá de una legislación sobre el ancho de la calle, la sectorización de usos, o la altura de sus edificios.

 

Aunque estas medidas se apliquen aún con ciertos escrúpulos y tengan como intención reestructurar a una población que, a día de hoy, no comparte ni las mismas necesidades económicas, ni los mismos valores culturales, resulta inquietantemente paradójico que la solución pase por que también deje de compartir los mismos derechos y obligaciones.

Como en el resto Occidente, en las ciudades danesas se puede observar cómo la sociedad ha acentuado sus divisiones de clase y de identidad. Mientras una parte relativamente homogénea de la población (principalmente de procedencia danesa) disfruta de todas las ventajas del Estado y del mundo globalizado, de estabilidad económica y habita los centros de las ciudades, la decreciente clase trabajadora y los “nuevos daneses” habitan tanto las periferias urbanas, como las periferias del sistema.

El Estado de derecho está por tanto en entredicho en ciertos lugares localizados geográficamente. La manera de enfrentarse a esta situación, que tiene una relación directa con casi todas las grandes tensiones que vivimos en Europa actualmente, empieza a responderse desde el identitarismo de derecha.

 

Surgen las siguientes preguntas: ¿El gobierno danés ha llegado a la conclusión de que para evitar que los problemas de sus periferias urbanas acaben agravándose y deriven en territorios sin ley, fuera del control del Estado, como las banlieues francesas, deben conquistar esta periferia rompiendo el contrato social y asimilando a su población?

 

¿Serán realmente temporales todas estas medidas, o han venido para quedarse?

 

¿Existen alternativas dentro de nuestro modelo social y económico o se trata más bien del modelo de sociedad europea que nos reserva la derecha nacional-populista?

 

El caso de Dinamarca es un ejemplo paradigmático de lo que podría ocurrir en Europa dentro de pocos años, en caso de que lleguen a los gobiernos partidos que, como el Partido Popular Danés, hacen de las políticas identitarias y de los problemas de la inmigración su principal bandera política.

El caso danés nos muestra como en una Europa envejecida, a la que acuden cada vez más inmigrantes jóvenes (de procedencia no occidental), y ante el temor a los cambios culturales bruscos, la tentación de crear legislaciones paralelas para una parte concreta y minoritaria de la sociedad, que además está localizada en unos lugares muy determinados, empieza a ser vista como una alternativa real.

La coyuntura política y económica podría ser la que determine si estás políticas están destinadas a intentar asimilar a la población de los guetos con el resto de la sociedad danesa, o simplemente a mantenerla separada y con sus derechos menguados de forma indefinida, como en el caso de la isla Lindholm.

Una vez abierta la veda, en una realidad en la que poco a poco Europa se asemejase a la antigua Sudáfrica, los inmigrantes bien podrían convertirse en ciudadanos de segunda clase, económica y jurídicamente.  Siendo utilizados como trabajadores baratos, segregados geográficamente y con muchos menos derechos en cuestiones de sanidad educación o acceso a ayudas públicas, y que no fueran considerados ciudadanos, sino meros extrajeros, necesarios pero indeseables.

 

Legislar sobre la condición y la identidad de las personas es un peligro real y de consecuencias insospechadas, que crea la paradoja de pretender una defensa de la Civilización Occidental destrozando uno de sus pilares fundamentales, qué es el principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos.

En Dinamarca vemos como el doble filo de las políticas de identidad (con las que también juguetean las clases privilegiadas y progresistas) es aprovechado por quienes identifican a una minoría como causa de los problemas de la sociedad y crea una legislación específica para ésta. Y como hemos visto, de ahí a aplicar esa legislación a un territorio concreto (Gueto) hay solo un pequeño paso, que en el caso de danés ya se ha dado. No es la primera vez que ocurre en Europa, ni parece que vaya a ser la última.

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